La regional de Asociación Mundial de Radios Comunitarias para América Latina y el Caribe (AMARC-ALC) ha iniciado el martes 5 de julio una visita oficial para revisar la legislación nacional sobre libertad de expresión y radiodifusión en Guatemala.

El objetivo es la elaboración de recomendaciones que puedan orientar a las autoridades y Congreso para superar las barreras legislativas que existen actualmente en el acceso a la radio y la TV de importantes sectores sociales, en especial los pueblos indígenas.

Para ello desarrollarán una intensa agenda que incluyen entrevistas con autoridades, legisladores, abogados, fiscales, asociaciones de radios comunitarias, así como organizaciones de la prensa y de derechos humanos.

La delegación internacional está integrada por la mexicana Aleida Calleja, directiva del Consejo Regional y representante de AMARC-México, el salvadoreño Oscar Pérez, secretario ejecutivo de AMARC-Centroamérica y el uruguayo Gustavo Gómez, director del Programa de Legislaciones y Derecho a la Comunicación de AMARC-ALC.

Esta reunión es resultado de un compromiso del gobierno de Guatemala, en especial de la Comisión sobre Derechos Humanos que depende directamente del presidente (COPREDEH), realizado en marzo pasado con motivo de una audiencia celebrada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En la oportunidad, la CIDH convocó al gobierno guatemalteco ante el requerimiento de AMARC y el CGCC respecto a la incompatibilidad de la legislación de ese país en materia de radiodifusión con el Pacto de San José de Costa Rica.

La Mesa de Diálogo será inaugurada con la participación del Relator de Libertad de Expresión de la CIDH, Dr. Eduardo Bertoni, quien ha sido invitado por el gobierno a asesorar y acompañar este proceso.

En 2001, el actual Secretario Ejecutivo de la CIDH, Dr. Santiago Cantón formuló severas observaciones a Guatemala en esta materia: "la Relatoría desea señalar que las concesiones de canales de televisión y ondas de radiodifusión deben contemplar criterios democráticos que aseguren la representatividad de todos los sectores que conforman la sociedad guatemalteca. Las subastas que contemplen criterios únicamente económicos, o que otorguen las concesiones sin una oportunidad equitativa para todos los sectores, son incompatibles con la democracia participativa y con el derecho a la libertad de expresión e información garantizado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos".

Al final del Informe recomendó "que se revisen las reglamentaciones sobre concesiones de televisión y radiodifusión para que se incorporen criterios democráticos que garanticen una igualdad de oportunidades en el acceso a los mismos". Estos cambios no se han concretado hasta el momento.