México - 06 de diciembre de 2005
Golpe mediático
Roberto Zamarripa - La Reforma
De manera sorpresiva, sin debate, en tiempo récord y con evidentes
incongruencias, la Cámara de Diputados aprobó reformas a las leyes de Telecomunicaciones y de Radio y Televisión que fortalecen el monopolio en los medios electrónicos.
Las reformas suponen el rompimiento de la discrecionalidad en la asignación de concesiones y permisos de medios electrónicos, con una modificación en las funciones de la Cofetel, y una supuesta delegación de autoridad en el Instituto Federal Electoral para la contratación de publicidad en tiempos de campaña.
En realidad intentan adecuar el poder monopólico de los medios a las nuevas circunstancias tecnológicas y pretenden dar un blindaje no de un sexenio sino de cuatro décadas para que las concesiones -y el poder- que gozan actualmente los principales concesionarios queden intocadas.
A la vez, introducen una supuesta autonomía de la Cofetel para que sea la entidad encargada de la asignación de concesiones. Sin embargo, dejaron abiertas contradicciones jurídicas evidentes.
Mientras en la reforma del artículo 9 de la Ley de Comunicaciones y
Transportes se apunta que la Cofetel será un órgano desconcentrado de la SCT, con autonomía técnica, operativa, de gasto y de gestión, en la correspondiente reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, la Cofetel es un mero instrumento de la Secretaría.
Para la integración de la Cofetel, la Cámara de Diputados da pasos hacia atrás.
Los integrantes de la supuesta Cofetel "autónoma" serán designados por el presidente de la República. El Congreso puede impugnarlos pero no tiene facultades en el nombramiento; menos la sociedad.
En los requisitos establecidos hay una enorme laxitud; no hay una
prohibición expresa de que los nuevos comisionados sean concesionarios u operadores de servicios de telecomunicaciones, ni dirigentes políticos o empresarios del ramo. Cualquiera de ellos puede llegar.
El presidente Vicente Fox no ha tenido imparcialidad frente a los
concesionarios de medios electrónicos. Por ello, no sería difícil suponer que los comisionados de la Cofetel fuesen una extensión de las oficinas de una de las televisoras.
En el tema de los permisos para manejo de medios electrónicos hay decisiones discriminatorias. Para los concesionarios de medios electrónicos las radios comunitarias y otras consideradas "piratas" han sido una pesadilla. Por todos los medios han intentado desaparecerlas y con ello borrar décadas de labor social y comunicativa de entidades religiosas, educativas y grupos
sociales que tienen el legítimo derecho de acceder a frecuencias radiales y televisivas.
La reforma de los "demócratas" diputados se hace eco de ese prejuicio e introduce un sesgo inquisitorio para la asignación de permisos a entidades culturales y educativas ya que pide que la SCT indague más allá de los términos de la solicitud de permiso sobre las características del solicitante "y de su idoneidad para recibir el permiso de que se trate".
Durante este sexenio, la dirigencia de la CIRT ondeó en los foros que pudo documentos de la Secretaría de la Defensa y del Cisen, según los cuales muchos de los grupos que tenían radios comunitarias estaban vinculados a organismos radicales, guerrilleros y al PRD. Con ese petate trataron de forzar al presidente Vicente Fox a que impidiera el otorgamiento de permisos para varias de las radios comunitarias.
Ahora quieren legitimar el procedimiento de investigación policiaca de los grupos que aspiran a un permiso para gestionar una radio o una televisión comunitaria. Pero ese procedimiento no es aplicable a los aspirantes a concesionarios.
¿Qué es más discrecional: tratar así a las entidades educativas y
culturales, a las ONG o grupos sociales y dar toda la dispensa a los
empresarios de dudosa reputación que aspiran a concesiones?
¿Dónde están las sospechas de lavado de dinero, de triangulación de recursos, de subcontratación de compañías, como TV Promo, para maquilar productos y evadir al fisco? ¿En las radios comunitarias? ¿O en empresarios abusivos?
La discrecionalidad ha sido sustituida por un mecanismo que pretende acelerar la integración de una Cofetel, supuestamente "autónoma", nombrada por el presidente de la República, constituida por una facción que defenderá sólo unos intereses y no los de la sociedad. Esa nueva Cofetel pretende ser nombrada antes de que termine el sexenio y con ello pertrechar y blindar esos intereses frente al arribo de un nuevo gobierno.
Los diputados proponen que las concesiones sean de 20 años, aunados a las que en este sexenio obtuvieron por 21 años las televisoras más importantes; es decir, un blindaje de más de cuatro décadas.
Juegan con fuego. El debate de los medios es de la sociedad. Excluirla implica graves riesgos de estabilidad. Usar al Poder Legislativo para blindar intereses y de paso minar el campo democrático resulta enormemente irresponsable, algo así como un golpismo mediático.