México - 06 de diciembre de 2005
Plan con maña
Denise Dresser - La Reforma
Hay que temerle a los griegos cuando traen regalos, escribió Virgilio sobre el caballo de Troya. Y hay que temerle a los diputados cuando aprueban iniciativas tramposas, como lo hicieron la semana pasada. Porque las reformas a la Ley de Telecomunicaciones y la Ley de Radio y Televisión son una cortina de humo. Un espejismo modernizador. Un intento reprobable para ofrecer gato por liebre. Un esfuerzo reformista para asegurar que casi todo quede igual.
Nadie duda que esas leyes necesitaban revisión. Nadie cuestiona que era indispensable su modernización. Por las concesiones discrecionales y la regulación inexistente, por la concentración cuestionable y los contrapesos ausentes. Porque los medios con frecuencia no se comportan como el cuarto poder sino como el primero. De allí la necesidad de actualizar, de transparentar, de reinventar una legislación para promover el interés público en vez de ignorarlo. De enfrentar a los intereses enquistados y a los cabilderos pagados. De acotar a los concesionarios y el poder que han logrado acumular. Una agenda que varios senadores llevaban cinco años infructuosos intentando impulsar. Una agenda obstaculizada a cada paso por quienes tenían mucho que perder frente a ella.
Y de pronto, el "fast track". Y de pronto, un dictamen votado en 7 minutos, sin un solo voto en contra, sin una sola abstención. Un Congreso paralizado por la división la supera, demostrando que cuando todos piensan de la misma manera, nadie está pensando mucho. Y por ello la iniciativa huele mal. Huele a intereses coludidos. Huele a diputados rendidos. Huele a disciplina partidista impuesta por intereses mediáticos. Porque la iniciativa fue impulsada por un diputado del Partido Verde protegido y promovido por Televisa. Porque este periódico reporta reuniones de ejecutivos de la empresa con coordinadores de los grupos parlamentarios. Porque la propuesta tiene como objetivo brillar como oro cuando es poco más que latón. Detrás de las apariencias, está la irrefutable realidad.
Esa realidad oculta detrás de un dictamen engañoso. Una propuesta parcial y maniatada. Una iniciativa que aparenta ser lo que no es y debería ser: una reforma integral y democrática capaz de fomentar la competencia real, la desconcentración verdadera, la regulación auténtica, la ciudadanización necesaria, la rendición de cuentas completa. Una reforma que colocara el interés público por encima de los intereses privados. Una reforma que le devolviera a los ciudadanos parte del poder que han adquirido los concesionarios. Pero el dictamen que los diputados aprobaron con tanta celeridad está lejos de ser eso. Basta con leerlo. Basta con examinarlo, punto por punto. Basta con aprehender la sustancia oculta tras las sombras.
Dice que la voluntad arbitraria del Presidente será reemplazada por la autoridad autónoma de la Cofetel. Dice que para acabar con la discrecionalidad en la asignación de las concesiones de radio y televisión, ahora se subastarán. Dice que con las licitaciones de dominio público se fomentará "una sana competencia" y se evitará la concentración. Dice que ahora el IFE será el encargado de contratar publicidad entre los medios y los partidos. Y todo ello de entrada parece aceptable. Parece loable. Parece moderno pero no alcanza a serlo, o lo es de manera incompleta.
Suena bien pasarle la pelota a la Cofetel. Suena bonito hablar de sus nuevas atribuciones y su nuevo poder. Suena "políticamente correcto" anunciar el fin de la discrecionalidad presidencial y el arribo de la autonomía reguladora.
Pero esos argumentos ignoran un hecho evidente para los consumidores de México. Las autoridades regulatorias -desde hace años- están comprometidas. Atrapadas. Compradas.
Decisión tras decisión demuestran que están cerca del bolsillo de los intereses privados y lejos del interés público. Allí están las declaraciones de Abel Hibert de la Cofetel, criticando la telefonía por internet y defendiendo a las "telefónicas tradicionales", o sea Telmex. Allí está Pedro Cerisola a las órdenes de Carlos Slim.
Allí está la Cofetel, guardando silencio sobre las tarifas de interconexión telefónica. Ellos y tantos otros, ahora con la responsabilidad de otorgar nuevas concesiones de radio y televisión a sus viejos aliados.
Y bueno, también suena atractivo fomentar la "transparencia" a través de subastas. Pero ése fue el mecanismo con el cual se privatizaron los bancos y Televisión Azteca, con las irregularidades cometidas y los resultados conocidos.
Con criterios de lucro por encima de criterios de calidad. Con la venta al mejor postor pero no al mejor concesionario. Con el involucramiento subrepticio de Raúl Salinas de Gortari en el caso de la televisora.
Subastas amañadas y licitaciones pactadas. Subastas que ahora prometen resolver el asunto de la opacidad, pero no tocan el problema de la concentración. Porque la concentración no se evita con licitaciones públicas. Porque subastar no llevará a desconcentrar. Porque subastar no aumentará la competencia en un sector dominado ya por jugadores grandes.
Pero al parecer de eso se trata. De reformar un poco para preservar mucho. De ceder en algo -como la contratación de tiempos por el IFE- para evitar ceder más y de fondo. De darle una maquillada a la ley para evitar una cirugía plástica mayor.
Porque artículo tras artículo la iniciativa demuestra qué intereses defiende y de qué lado está parada. Elimina la posibilidad de radios comunitarias. Evade la construcción de contrapesos. Elude el tema de sanciones a concesionarios cuando venden apariciones en los noticieros o llevan a cabo vendettas contra sus enemigos. Evita hablar de un órgano regulador ciudadano, como los que existen y funcionan en otros países.
No incluye el derecho de réplica por parte de quienes han sido mancillados por los medios. La iniciativa -de nuevo- deja a los ciudadanos desamparados, sin acceso a un bien público y a merced de quienes lo comercializan.
Y al aprobarla como lo hicieron, 327 diputados colocaron un manojo de intereses por encima de 100 millones de mexicanos. Blindaron ese pacto tradicional entre los "representantes populares" y los medios que les permiten comprar su popularidad. Demostraron que son hombres huecos, hombres de paja, habitantes del poema de T. S. Eliot. Cada vez más pequeños. Cada vez más cómodos con sus grandes sumisiones.
Cada vez más lejos de la función para la cual fueron electos.
Porque las reformas propuestas sólo serían aplaudibles si también le regalaran a cada mexicano acciones de Televisa o TV Azteca. Ésa sería la forma democrática de compartir los beneficios de un plan con maña.
