Guatemala - 09 de marzo de 2006
Asociación de Radios Comunitarias de Guatemala denuncia al Ministerio Público de violar la libertad de pensamiento y expresión al allanar Radios
Ministerio Público viola flagrantemente el Derecho Humano de libertad de pensamiento y expresión al allanar Radios Comunitarias y perseguir a sus directores y principal dirigente

Todos los integrantes de la Asociación de Radios Comunitarias de Guatemala (ARCG) con personería jurídica legalmente establecida, ante la opinión pública nacional e internacional

DENUNCIAMOS:
Que fiscales del Ministerio Público (MP) han iniciado una férrea persecución penal,desde hace varios meses, en contra de las radios comunitarias, que se han establecido en Guatemala con el único fin de democratizar los medios de comunicación social del país, como la radio que se encuentra controlada por pocas manos.

Que los fiscales del Ministerio Público actuando con abuso de autoridad y prepotencia están cerrando emisoras y confiscando los equipos de transmisión, con lo que violan claramente el derecho humano de LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN, garantizada por la Constitución Política de Guatemala, y por la Declaración Universal de Derecho Humanos.

Que el jueves 2 de marzo a eso de las 9:30 horas hombres armados, que posteriormente se identificaron como miembros del Ministerio Público, en forma sorpresiva y prepotente, mostrando fuerza e intimidando a quienes encontraban a su paso, irrumpieron en la residencia del diputado Marcelino Nicolás Moscut, donde funcionan las oficinas de nuestra asociación.

Que los fiscales del Ministerio Público se llevaron documentación de las emisoras asociadas,sellos, computadoras utilizadas para la labor administrativa, documentos personales del diputado Marcelino Nicolás Moscut, facturas autorizadas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y datos personales de cada uno de los asociados.

Que todos los asociados estamos preocupados por la suerte que podemos correr, por lo que responsabilizamos al Ministerio Público y principalmente al Fiscal General, Juan Luís Florido por todo lo que nos pueda suceder física, moral y psicológicamente, por la irresponsabilidad con que están actuando los agentes fiscales a su cargo.

Por lo señalado y todas las otras acciones perpetradas por el Ministerio Público en contra de las radios comunitarias, en convivencia con quienes creen tener el privilegio de utilizar los medios de comunicación radial solamente a su favor,

DEMANDAMOS: 

1. Al Gobierno de la República: su inmediata intervención paraque a través de sus organismos de seguridad, protejan la integridad física del diputado Marcelino Nicolás Moscut, ponente de la iniciativa de reformas a la Ley General de Telecomunicaciones, para introducir en el marco legal del país a las radios comunitarias, y la de todas y todos los comunicadores socialesque laboran en las radios comunitarias.
   
   
2. Al Organismo Legislativo: que agilice en la Comisión de Comunicaciones, Transportes, Infraestructura y Vivienda el dictamen favorable para reformar la Ley General de Telecomunicaciones y se discuta de inmediato en el pleno del Congreso de la República.
   
3. Al Ministerio Público: a que cese la persecución a las radios comunitarias y fundamentalmente respete y ponga en práctica el artículo 13, numeral 3 de la CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOSdel 22 de noviembre de 1969, que ampara a las radios comunitarias y prevalece sobre cualquier legislación interna.
   
4. Al Organismo Judicial: que los señores jueces y magistrados no se dejen sorprender por fiscales del Ministerio Público que solamente actúan para favorecer a determinados sectores de la población, manipulando la legislación penal en contra de las radios comunitarias.
   
5. A la Fiscalía de Delitos Contra Periodistas y Sindicalistas: a que asuma su verdadero papel de perseguir delitos, como su nombre lo indica contra periodistas y sindicalistas, y no asuma el papel de verdugo de comunicadores sociales, que utilizando la Radio Comunitaria lo único que hace es mantener informada a la población marginada por los meganegocios de la radiodifusión guatemalteca.
   
6. A la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDH): a que cumpla con el papel que le encomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instalar una mesa de negociaciones al más alto nivel para dotar de frecuencias a las radios comunitarias de conformidad a los Acuerdos de Paz, que ahora es Ley de la República, y a la que asistiremos gustosamente.
   
7. A la Comunidad Internacional: a que se mantengan atentos y vigilantes para que no continúen las violaciones al derecho humano universal de la LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN, así como al derecho que tienen los pueblos de informar y estar informados.

POR LA DEMOCRATIZACIÓN DE LA PALABRA
ASOCIACIÓN DE RADIOS COMUNITARIAS DE GUATEMALA (ARCG)
Guatemala, 7 de marzo de 2006.