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1.3 Medios comunitarios a)
Descripción Las radios y TV comunitarias son medios gestionados directamente por organizaciones de la Sociedad Civil, sin fines de lucro y con una fuerte impronta de participación comunitaria en la programación y en la propia gestión de la emisora. No está definida por su potencia o cobertura (las hay pequeñas y también cubriendo grandes ciudades), ni porque pase publicidad o no. Están definidas sobre todo por su lógica de “rentabilidad social” y no lucro, y tienen vocación de plurales: no hacen proselitisimo partidario o religioso de ningún tipo. Son expresión de su comunidad territorial o de intereses pero también construyen comunidad y ciudadanía. Desde
julio de 1994 con la radio El Puente FM de La Teja, han surgido decenas de
radios en todo el territorio nacional1.
En estos diez años de existencia, los medios comunitarios han sido
desconocidos, perseguidos e incluso reprimidos por los gobiernos del
Uruguay2.
Su
existencia es común en otras partes del mundo, incluso en la propia América
Latina desde hace más de 50 años. En Europa y Ameríca del Norte
coexisten tres modelos de radiodifusión: público estatal, comercial y
comunitario. Algunas decenas de radios uruguayas, la mayoría de ellas aún
marginales, no parecen explicar por sí solas la virulencia y los recursos
desplegados por ANDEBU e incluso RAMI en estos años. Aunque
se han hecho esfuerzos por “legalizarlas”, no existen limitaciones
estrictamente legales para su existencia. La legislación vigente no
distingue entre radios comerciales o comunitarias, y aunque la práctica
demuestra que en general se ha visto a la radiodifusión como un comercio
de mercancías (es usual el término “explotación” de la onda) no hay
impedimentos formales para que una organización social acceda a una
frecuencia. Esta
afirmación está avalada por la Ley de Prensa cuando reconoce el derecho
de todos los habitantes de la República a fundar medios de comunicación3.
Son las prácticas discrecionales y discriminatorias de los anteriores
gobiernos quienes han impedido que las emisoras comunitarias sean
reconocidas a pesar de haber solicitado la autorización correspondiente4. Un asunto de derechos humanos Por
mucho tiempo ubicado en nuestro país en el terreno de los delitos, la
situación de los medios comunitarios es visto como un problema de
derechos humanos por la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA y
otras organizaciones defensoras de los DDHH nacionales como IELSUR, SERPAJ
y Amnistía Internacional. Desde fines de 2000, la Relatoría y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han venido tomando el tema en sus agendas y acciones, y el asunto es motivo de audiencia en Washington o de entrevistas y gestiones en algunos países donde las radios están siendo desconocidas o perseguidas. En el Informe Anual de Derechos Humanos del 2002 se incluye un capítulo especial denominado “El ejercicio de la libertad de expresión por medios de comunicación comunitarios” 5. Allí se afirma que:
La
Relatoría ha tomado recientemente posición en casos como Paraguay y
Guatemala, y hace actualmente gestiones con México para que se reconozca
a las radios comunitarias en ese país. AMARC y otras organizaciones
uruguayas han venido haciendo gestiones para que el Relator visite Uruguay
y adopte una posición similar. Organismos como la UNESCO, FAO, PNUD y hasta el Banco Mundial, reconocen el papel de las radios comunitarias en el desarrollo, en el fortalecimiento de la democracia, en la construcción de la paz, en garantizar la diversidad cultural o incluso para controlar la gestión del Estado. UNESCO hace años viene desarrollando políticas de promoción e invirtiendo recursos en el fortalecimiento de este sector en todo el mundo. Además, es una de las líneas estratégicas de su Programa Internacional para el Desarrollo de las Comunicaciones (PIDC) y desarrolla asesoría técnica y capacitación. Ya
en 1994 en un Seminario organizado por UNESCO se recomendaba estudiar “la
situación actual de los medios de comunicación comunitarios con respecto
a la legislación, frecuencias, limitaciones de potencia y restricciones
publicitarias, con el objeto de formular recomendaciones para ser
sometidas a la consideración de los gobiernos pertinentes”. Y
solicitar al PIDC y agencias donantes que “apoyen proyectos para la
creación de nuevos medios de comunicación comunitarios, tanto impresos
como electrónicos, como asimismo proyectos que tengan por objeto
fortalecer los actuales medios de comunicación comunitarios, ajustados a
la normativa internacional, especialmente aquellos medios de comunicación
destinados a las mujeres, la juventud, las poblaciones indígenas y las
minorías”. La FAO tiene un largo historial de trabajo con medios comunitarios en líneas de comunicación para el desarrollo rural. En abril de 2004, este organismo de Naciones Unidas realizó el Taller Internacional sobre Radio y TICs “La Onda Rural“6 y entre las principales recomendaciones adoptadas están
El
PNUD afirma que “legal and regulatory frameworks that protect and
enhance community media are especially critical for ensuring vulnerable
groups’ freedom of expression and access to information”7. Incluso
para el Banco Mundial “las radios comunitarias pueden ser
habilitadores críticos de la información, voces y capacidades para el diálogo...
la existencia de una amplia red de estaciones de radio comunitarias es un
modo efectivo para el compromiso ciudadano especialmente para las personas
analfabetas”8. La
defensa de las radios comunitarias llevada adelante por AMARC se ha basado
en las siguientes afirmaciones, que pueden ser leídas en los recursos
anexos9:
b)
Antecedentes Junto con el desconocimiento de la mayoría de los políticos ante un fenómeno nuevo, la sistemática presión de los empresarios agremiados de la radio y la TV ha sido factor clave para explicar la situación de las radios comunitarias10 en el Uruguay. No es tanto lo que son, sino lo que representan como cuestionamiento implícito al status quo. Como el anacrónico enfrentamiento a la entrada de la TV satelital, la sistemática oposición de ANDEBU se contrapone a procesos mundiales y regionales imparables, si de profundizar la democracia y ejercer el derecho a la información y comunicación se trata. Inicialmente
existieron proyectos de ley para penalizar como delito la existencia de
radios comunitarias sin autorización. En 1997 un proyecto de ley en este
sentido fue presentado por la bancada de diputados del Herrerismo (Partido
Nacional) ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Representantes11.
Pretendía castigar a los operadores de radios comunitarias con penas que
llegan a los 10 años de penitenciaría y a 18 años de inhabilitación
absoluta de sus derechos civiles. Más
tarde, el Ministerio de Defensa Nacional presentó su propio proyecto. En
el mismo se establecían penas de hasta 4 años de cárcel para los
responsables y de tres años para los que apoyaran a esas emisoras12. Con
el objetivo de integrarlas a la legalidad democrática, la bancada de
senadores frenteamplistas presentó un proyecto de Ley de Medios
Audiovisuales de Telecomunicaciones presentada donde se incluía un capítulo
dedidado a las radios comunitarias13.
También lo hizo el Nuevo Espacio ante la Cámara de Representantes, con
una propuesta de creación de los «Servicios de Radiodifusión
Comunitaria»14. En
el mismo año las radios comunitarias presentaron ante el Parlamento sus
Bases para un Nuevo Marco Normativo15.
La
llegada de Jorge Batlle al gobierno significó un cambio. Reiterando
opiniones expresadas antes de ser electo, el 3 de mayo de 2000 Batlle dijo
ante los medios de comunicación que estaba dispuesto a legalizar las
radios comunitarias a pesar de que los empresarios lo “colgaran de
los pulgares” 16.
Efectivamente, y aunque no ha habido solución definitiva al problema, en
los últimos cinco años primó el sentido común y la política represiva
se sustituyó por una política de diálogo, intento de regulación y
reconocimiento tácito de su existencia. La actitud y voluntad de los directores de URSEC también fue importante en este sentido y se sostuvo a pesar de las enormes presiones del lobby empresarial hasta el final de la administración colorada. En
2001 URSEC convoca a una Mesa de Trabajo a AMARC, ANDEBU y RAMI para
encarar el problema y “establecer un marco reglamentario que
reconozca el fenómeno y que regule su funcionamiento». Este espacio
tuvo la virtud de oficializar el reconocimiento del problema y en especial
de AMARC como interlocutor válido, ubicando el asunto como la existencia
de un vacío legal quen debía ser solucionado por el propio Estado. A
partir de requerimientos del órgano regulador las partes hicieron llegar
sus argumentos y opiniones17
pero no pudieron lograrse avances consensuados porque la Mesa de Trabajo
se reunió una sola vez. Sin perjuicio de ellos, a finales del 2002 la
URSEC elaboró un proyecto de ley de “radios de baja potencia y
universitarias”. La propia existencia de un proyecto regulador fue
valorada positivamente por AMARC pero su redacción y alcance no contó
con el apoyo de ninguna de las partes. Fue puesto a consulta pública y
una segunda versión se elevó al Poder Ejecutivo, donde quedó congelado18. Además
de las recomendaciones planteadas por la Comisión de Programa del EP-FA,
el compromiso del Dr. Tabaré Vázquez respecto a los medios comunitarios
surge de una entrevista realizada en 200419.
Frente a la pregunta “¿Qué haría con las llamadas ‘radios
comunitarias’?” contestó: “Son una realidad en
todo el mundo. En muchos países desarrollados y en los países vecinos
existe una reserva del espectro radioeléctrico para las ondas
comunitarias. No hay ninguna razón para que no pueda suceder lo mismo en
nuestro país”. c)
Propuestas La
primera medida de gobierno debería ser el otorgamiento en carácter de
permiso experimental mediante una “resolución presidencial previo
estudio de viabilidad técnica de la URSEC y cumplimiento de requisitos
exigibles”20,
hasta que se establezca un marco normativo definitivo. Para ello, AMARC-Uruguay se ha mostrado dispuesta a poner a disposición de las autoridades un listado de radios señalando frecuencias, cobertura, ubicación, dirección y responsables de las emisoras asociadas como propuesta autorregulada para dar viabilidad a esta iniciativa. Los aspectos técnicos deberán ser controlados por la URSEC para evitar involuntarias interferencias con otros servicios. Como
ya fue dicho, no hay impedimentos legales21
ni dificultades técnicas inaccesibles. Si
bien se ha dicho por anteriores autoridades que no se pueden hacer
adjudicaciones directas, se anota que se trata de autorizaciones en
caracter experimental o provisorio y que ya han existido antecedentes en
administraciones anteriores. Es el caso de la propia experiencia de AMARC22
y del Encuentro de Juventudes Radiales en varias oportunidades. Paralela
e inmediatamente, se propone se instale un Comité Consultivo con las
organizaciones de radios comunitarias, Universidad de la República,
organizaciones de derechos humanos y URSEC, para elaborar un proyecto de
ley de Radiodifusión Comunitaria con iniciativa del Poder Ejecutivo que
sea considerado y aprobado en el Parlamento dentro del primer año de
administración. Las propuestas sobre el sector “social-comunitario” del Documento “Hacia una política nacional de Medios de Comunicación” del EP-FA23 han recogido lo sustancial de las propuestas del sector:
Faltaría agregar el establecimiento de una reserva en el espectro en las bandas de radio y TV (para la tecnología analógica y digital) que permita un reequilbrio de los espacios para los tres modelos de radiodifusión. Tal política tiene antecedentes en otras partes del mundo y es posible de acuerdo a criterios usuales de gestión del espectro y la actual normativa uruguaya. En
especial existen previsiones para la elaboración del Cuadro Nacional de
Atribución de Frecuencias: “se tendrán en cuenta, entre otras (...)
el privilegio en los usos del espectro que sean de utilidad para el público
o que sirvan a sectores importantes para el desarrollo nacional”24. d)
Recursos
1
Hubo experiencias anteriores a esta radio pero no se mantuvieron en el
tiempo. Actualmente se estima que hay unas 40 radios en Montevideo e
Interior |
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