1.3 Medios comunitarios

a) Descripción

Las radios y TV comunitarias son medios gestionados directamente por organizaciones de la Sociedad Civil, sin fines de lucro y con una fuerte impronta de participación comunitaria en la programación y en la propia gestión de la emisora. No está definida por su potencia o cobertura (las hay pequeñas y también cubriendo grandes ciudades), ni porque pase publicidad o no. Están definidas sobre todo por su lógica de “rentabilidad social” y no lucro, y tienen vocación de plurales: no hacen proselitisimo partidario o religioso de ningún tipo. Son expresión de su comunidad territorial o de intereses pero también construyen comunidad y ciudadanía.

 Desde julio de 1994 con la radio El Puente FM de La Teja, han surgido decenas de radios en todo el territorio nacional1. En estos diez años de existencia, los medios comunitarios han sido desconocidos, perseguidos e incluso reprimidos por los gobiernos del Uruguay2.

 Su existencia es común en otras partes del mundo, incluso en la propia América Latina desde hace más de 50 años. En Europa y Ameríca del Norte coexisten tres modelos de radiodifusión: público estatal, comercial y comunitario. Algunas decenas de radios uruguayas, la mayoría de ellas aún marginales, no parecen explicar por sí solas la virulencia y los recursos desplegados por ANDEBU e incluso RAMI en estos años.

 Aunque se han hecho esfuerzos por “legalizarlas”, no existen limitaciones estrictamente legales para su existencia. La legislación vigente no distingue entre radios comerciales o comunitarias, y aunque la práctica demuestra que en general se ha visto a la radiodifusión como un comercio de mercancías (es usual el término “explotación” de la onda) no hay impedimentos formales para que una organización social acceda a una frecuencia.

 Esta afirmación está avalada por la Ley de Prensa cuando reconoce el derecho de todos los habitantes de la República a fundar medios de comunicación3. Son las prácticas discrecionales y discriminatorias de los anteriores gobiernos quienes han impedido que las emisoras comunitarias sean reconocidas a pesar de haber solicitado la autorización correspondiente4.

 Un asunto de derechos humanos

Por mucho tiempo ubicado en nuestro país en el terreno de los delitos, la situación de los medios comunitarios es visto como un problema de derechos humanos por la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA y otras organizaciones defensoras de los DDHH nacionales como IELSUR, SERPAJ y Amnistía Internacional.

 Desde fines de 2000, la Relatoría y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han venido tomando el tema en sus agendas y acciones, y el asunto es motivo de audiencia en Washington o de entrevistas y gestiones en algunos países donde las radios están siendo desconocidas o perseguidas.

 En el Informe Anual de Derechos Humanos del 2002 se incluye un capítulo especial denominado “El ejercicio de la libertad de expresión por medios de comunicación comunitarios” 5. Allí se  afirma que:

Las radios llamadas comunitarias, educativas, participativas, rurales, insurgentes, interactivas, alternativas y ciudadanas son, en muchos casos, y cuando actúan en el marco de la legalidad, las que ocupan los espacios que dejan los medios masivos; se erigen como medios que canalizan la expresión donde los integrantes del sector pobre suele tener mayores oportunidades de acceso y participación en relación a las posibilidades que pudieran tener en los medios tradicionales.

 Las radios comunitarias, que deben actuar en un marco de legalidad facilitado por los Estados, responden en muchos casos a las necesidades, intereses, problemas y expectativas de sectores muchas veces relegados, discriminados y empobrecidos de la sociedad civil. La necesidad creciente de expresión de las mayorías y minorías sin acceso a medios de comunicación, y su reivindicación del derecho de comunicación, de libre expresión de ideas, de difusión de información hace imperante la necesidad de buscar bienes y servicios que les aseguren condiciones básicas de dignidad, seguridad, subsistencia y desarrollo.

 La Relatoría ha tomado recientemente posición en casos como Paraguay y Guatemala, y hace actualmente gestiones con México para que se reconozca a las radios comunitarias en ese país. AMARC y otras organizaciones uruguayas han venido haciendo gestiones para que el Relator visite Uruguay y adopte una posición similar.

 Organismos como la UNESCO, FAO, PNUD y hasta el Banco Mundial, reconocen el papel de las radios comunitarias en el desarrollo, en el fortalecimiento de la democracia, en la construcción de la paz, en garantizar la diversidad cultural o incluso para controlar la gestión del Estado.

 UNESCO hace años viene desarrollando políticas de promoción e invirtiendo recursos en el fortalecimiento de este sector en todo el mundo. Además, es una de las líneas estratégicas de su Programa Internacional para el Desarrollo de las Comunicaciones (PIDC) y desarrolla asesoría técnica y capacitación.

 Ya en 1994 en un Seminario organizado por UNESCO se recomendaba estudiar “la situación actual de los medios de comunicación comunitarios con respecto a la legislación, frecuencias, limitaciones de potencia y restricciones publicitarias, con el objeto de formular recomendaciones para ser sometidas a la consideración de los gobiernos pertinentes”.

 Y solicitar al PIDC y agencias donantes que “apoyen proyectos para la creación de nuevos medios de comunicación comunitarios, tanto impresos como electrónicos, como asimismo proyectos que tengan por objeto fortalecer los actuales medios de comunicación comunitarios, ajustados a la normativa internacional, especialmente aquellos medios de comunicación destinados a las mujeres, la juventud, las poblaciones indígenas y las minorías”.

 La FAO tiene un largo historial de trabajo con medios comunitarios en líneas de comunicación para el desarrollo rural. En abril de 2004, este organismo de Naciones Unidas realizó el Taller Internacional sobre Radio y TICs “La Onda Rural“6 y entre las principales recomendaciones adoptadas están

Adecuar los marcos legislativos y regulatorios en el área de comunicación para promover el desarrollo rural

 Reconocer los medios comunitarios, asegurar una igualdad de oportunidades para el acceso a frecuencias de radiodifusión, asegurar fuentes de financiamiento, eliminar las barreras técnicas

 Promover el acceso a frecuencias para radios comunitarias y rurales para rectificar el desequilibrio existente.

 El PNUD afirma que “legal and regulatory frameworks that protect and enhance community media are especially critical for ensuring vulnerable groups’ freedom of expression and access to information”7.

 Incluso para el Banco Mundial “las radios comunitarias pueden ser habilitadores críticos de la información, voces y capacidades para el diálogo... la existencia de una amplia red de estaciones de radio comunitarias es un modo efectivo para el compromiso ciudadano especialmente para las personas analfabetas”8.

 La defensa de las radios comunitarias llevada adelante por AMARC se ha basado en las siguientes afirmaciones, que pueden ser leídas en los recursos anexos9:

  • El marco jurídico vigente habilita la existencia de estas emisoras

  • Existe necesidad e interés público

  • No hay impedimentos técnicos

  • El Estado debe proveer la legalidad

  • El límite de las limitaciones que puede imponer el Estado

 b) Antecedentes

Junto con el desconocimiento de la mayoría de los políticos ante un fenómeno nuevo, la sistemática presión de los empresarios agremiados de la radio y la TV ha sido factor clave para explicar la situación de las radios comunitarias10 en el Uruguay.

 No es tanto lo que son, sino lo que representan como cuestionamiento implícito al status quo. Como el anacrónico enfrentamiento a la entrada de la TV satelital, la sistemática oposición de ANDEBU se contrapone a procesos mundiales y regionales imparables, si de profundizar la democracia y ejercer el derecho a la información y comunicación se trata.

 Inicialmente existieron proyectos de ley para penalizar como delito la existencia de radios comunitarias sin autorización. En 1997 un proyecto de ley en este sentido fue presentado por la bancada de diputados del Herrerismo (Partido Nacional) ante la Comisión de Defensa de la Cámara de Representantes11. Pretendía castigar a los operadores de radios comunitarias con penas que llegan a los 10 años de penitenciaría y a 18 años de inhabilitación absoluta de sus derechos civiles.

 Más tarde, el Ministerio de Defensa Nacional presentó su propio proyecto. En el mismo se establecían penas de hasta 4 años de cárcel para los responsables y de tres años para los que apoyaran a esas emisoras12.

 Con el objetivo de integrarlas a la legalidad democrática, la bancada de senadores frenteamplistas presentó un proyecto de Ley de Medios Audiovisuales de Telecomunicaciones presentada donde se incluía un capítulo dedidado a las radios comunitarias13. También lo hizo el Nuevo Espacio ante la Cámara de Representantes, con una propuesta de creación de los «Servicios de Radiodifusión Comunitaria»14.

 En el mismo año las radios comunitarias presentaron ante el Parlamento sus Bases para un Nuevo Marco Normativo15.

 La llegada de Jorge Batlle al gobierno significó un cambio. Reiterando opiniones expresadas antes de ser electo, el 3 de mayo de 2000 Batlle dijo ante los medios de comunicación que estaba dispuesto a legalizar las radios comunitarias a pesar de que los empresarios lo “colgaran de los pulgares” 16. Efectivamente, y aunque no ha habido solución definitiva al problema, en los últimos cinco años primó el sentido común y la política represiva se sustituyó por una política de diálogo, intento de regulación y reconocimiento tácito de su existencia.

 La actitud y voluntad de los directores de URSEC también fue importante en este sentido y se sostuvo a pesar de las enormes presiones del lobby empresarial hasta el final de la administración colorada.

 En 2001 URSEC convoca a una Mesa de Trabajo a AMARC, ANDEBU y RAMI para encarar el problema y “establecer un marco reglamentario que reconozca el fenómeno y que regule su funcionamiento». Este espacio tuvo la virtud de oficializar el reconocimiento del problema y en especial de AMARC como interlocutor válido, ubicando el asunto como la existencia de un vacío legal quen debía ser solucionado por el propio Estado.

 A partir de requerimientos del órgano regulador las partes hicieron llegar sus argumentos y opiniones17 pero no pudieron lograrse avances consensuados porque la Mesa de Trabajo se reunió una sola vez. Sin perjuicio de ellos, a finales del 2002 la URSEC elaboró un proyecto de ley de “radios de baja potencia y universitarias”. La propia existencia de un proyecto regulador fue valorada positivamente por AMARC pero su redacción y alcance no contó con el apoyo de ninguna de las partes. Fue puesto a consulta pública y una segunda versión se elevó al Poder Ejecutivo, donde quedó congelado18.

 Además de las recomendaciones planteadas por la Comisión de Programa del EP-FA, el compromiso del Dr. Tabaré Vázquez respecto a los medios comunitarios surge de una entrevista realizada en 200419. Frente a la pregunta “¿Qué haría con las llamadas ‘radios comunitarias’? contestó: “Son una realidad en todo el mundo. En muchos países desarrollados y en los países vecinos existe una reserva del espectro radioeléctrico para las ondas comunitarias. No hay ninguna razón para que no pueda suceder lo mismo en nuestro país”.

 c) Propuestas

La primera medida de gobierno debería ser el otorgamiento en carácter de permiso experimental mediante una “resolución presidencial previo estudio de viabilidad técnica de la URSEC y cumplimiento de requisitos exigibles”20, hasta que se establezca un marco normativo definitivo.

 Para ello, AMARC-Uruguay se ha mostrado dispuesta a poner a disposición de las autoridades un listado de radios señalando frecuencias, cobertura, ubicación, dirección y responsables de las emisoras asociadas como propuesta autorregulada para dar viabilidad a esta iniciativa. Los aspectos técnicos deberán ser controlados por la URSEC para evitar involuntarias interferencias con otros servicios.

 Como ya fue dicho, no hay impedimentos legales21 ni dificultades técnicas inaccesibles.

 Si bien se ha dicho por anteriores autoridades que no se pueden hacer adjudicaciones directas, se anota que se trata de autorizaciones en caracter experimental o provisorio y que ya han existido antecedentes en administraciones anteriores. Es el caso de la propia experiencia de AMARC22 y del Encuentro de Juventudes Radiales en varias oportunidades.

 Paralela e inmediatamente, se propone se instale un Comité Consultivo con las organizaciones de radios comunitarias, Universidad de la República, organizaciones de derechos humanos y URSEC, para elaborar un proyecto de ley de Radiodifusión Comunitaria con iniciativa del Poder Ejecutivo que sea considerado y aprobado en el Parlamento dentro del primer año de administración.

 Las propuestas sobre el sector “social-comunitario” del Documento “Hacia una política nacional de Medios de Comunicación” del EP-FA23 han recogido lo sustancial de las propuestas del sector:

Se incluirá en la legislación la existencia de una tercera forma de radiodifusión privada, comunitaria y con fines sociales, de características diferentes y complementarias a las emisoras de explotación comercial o de propiedad estatal, existentes hasta el momento como únicas formas de utilización del espectro.

 Las radios y emisoras de televisión comunitarias, educativas y culturales ejercerán todos los derechos y obligaciones que emanan de la legislación nacional, sin discriminaciones en relación a las demás. En ese sentido la nueva legislación no establecerá prohibiciones, limitaciones o restricciones diferenciales en cuanto a los contenidos, la obtención de recursos genuinos o el alcance, ya que las mismas resultarían violatorias del art. 13 del Pacto de Costa Rica al implicar mecanismos de censura indirecta que limitan el derecho a la libre expresión.

 

Estas emisoras de radio o televisión serán concedidas a personas jurídicas sin fines de lucro. De esta manera podrán presentar solicitudes las organizaciones e instituciones comunitarias, educativas, asociativas y ciudadanas tales como  organizaciones sociales, gremiales y vecinales, organizaciones no gubernamentales, centros de estudios, colectividades culturales, étnicas y de género, etc.

 

Para la consideración de las solicitudes se deberá crear una Comisión Asesora con amplia participación de la sociedad civil y las organizaciones comunitarias. Entre otros criterios para la adjudicación se tomará en cuenta: la presentación de un «Plan de Servicios a la Comunidad» así como la presentación de respaldos o avales de organizaciones sociales, instituciones y/o vecinos de la comunidad (barrio, localidad, zona, región, departamento, comunidad étnica, gremial, de género, etc).

 

Las emisoras comunitarias, educativas y culturales deberán contar con formas genuinas de autosostenimiento como cualquier otro medio de comunicación, sin restricciones arbitrarias. Las permisarias deberán reinvertir íntegramente los recursos que obtengan en su adecuado funcionamiento, mejoramiento de equipos y de la programación y, en general, en inversiones que garanticen la continuidad y la adecuada prestación del servicio y el desarrollo de los objetivos comunitarios. Se permitirá, por tanto, el uso de publicidad, pero con la condición de que los permisarios se comprometan a realizar auditorías periódicas para comprobar el manejo de los fondos y la consecuencia con los objetivos planteados. Sus resultados serán publicados para el conocimiento de la opinión pública.

 

Las permisarias (al igual que lo que debería ocurrir con el resto de las empresas privadas) no podrán ceder, vender, arrendar o trasmitir de ninguna forma a terceros los derechos derivados de la concesión.

 

Para permitir el acceso de una mayor diversidad de voces, aún en áreas de próxima saturación del espectro radioeléctrico como el Area Metropolitana de Montevideo, se modificará la reglamentación técnica vigente en materia de uso del espectro (en especial en FM) para adecuarla a los parámetros que el avance de la tecnología permite actualmente, abriendo más canales sin interferencias perjudiciales y sin necesariamente afectar la actual adjudicación de frecuencias en radio y TV. En TV cable y en el resto del país no existen limitaciones técnicas de ningún tipo.

 

Se establecerán políticas de estímulo y apoyo a la creación y el fortalecimiento de las radios y TV comunitarias en todo el país, con énfasis en las zonas de frontera y pequeñas localidades del medio rural. Se promoverá la creación de medios en escuelas y liceos, experiencias comunes en la región y el mundo, y con algunos antedecentes en Uruguay.


Al mismo tiempo, se estimulará la creación y el mantenimiento de la prensa comunitaria, tanto escrita como electrónica, en Montevideo y el interior del país.

 Faltaría agregar el establecimiento de una reserva en el espectro en las bandas de radio y TV (para la tecnología analógica y digital) que permita un reequilbrio de los espacios para los tres modelos de radiodifusión. Tal política tiene antecedentes en otras partes del mundo y es posible de acuerdo a criterios usuales de gestión del espectro y la actual normativa uruguaya.

 En especial existen previsiones para la elaboración del Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias: “se tendrán en cuenta, entre otras (...) el privilegio en los usos del espectro que sean de utilidad para el público o que sirvan a sectores importantes para el desarrollo nacional”24.

 d) Recursos

  • El ejercicio de la libertad de expresión por medios de comunicación comunitarios, Relator de Libertad de Expresión de la CIDH, OEA

  • Propuesta de política sectorial hacia el sector social – comunitario de la Unidad Temática de Medios de Comunicación EP-FA

  • Aportes de AMARC-Uruguay al Comité de Trabajo sobre Radios Comunitarias creado por URSEC

  • Propuesta de bases legales presentado al Parlamento por las radios comunitarias

  • Acceso de la Sociedad Civil a la gestión directa de medios de comunicación: 
    ¿Por qué no?

  • Proyecto de ley del Nuevo Espacio para el Servicio de Radiodifusión Sonora

  • Proyecto de ley para el Servicio de Radiodifusión Sonora de Baja Potencia y el Servicio Universitario de Radiodifusión Sonora, URSEC

  • Legislación de Ecuador en radiodifusión comunitaria

  • Legislación de Colombia en radiodifusión comunitaria

  • Legislación de Venezuela en radiodifusión comunitaria

  • Política de radios comunitarias de Canadá

  • Carta de las radios comunitarias y ciudadanas

 


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NOTAS AL PIE
 

  1 Hubo experiencias anteriores a esta radio pero no se mantuvieron en el tiempo. Actualmente se estima que hay unas 40 radios en Montevideo e Interior
 2 Aunque se reprimió al principio del gobierno Batlle, luego no constituyó una política sistemática de su gobierno
 3 Ley N° 16.099, Art. 1°
 4 Por ejemplo, las radios asociadas a AMARC en Uruguay han solicitado permiso en forma recurrente y se les ha negado o siquiera se les respondió
 5 Redactado por el Dr. Eduardo Bertoni, abogado argentino, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH
 6 Iniciativa Latinoamericana sobre Comunicación para el Desarrollo Rural “La Onda Rural”, abril 2004
 7 Access to Information: Practice Note, PNUD, octubre 2003
 8 Notas para el Desarrollo Social No 76, Banco Mundial, abril 2003
 9 Acceso de la Sociedad Civil a la gestión directa de medios de comunicación: ¿Por qué no?, anexo 1.3e
 10 No ha habido televisoras comunitarias hasta el momento
 11 Comisión de Defensa Nacional, julio de 1997
 12 Comisión de Defensa Nacional, carpeta Nº2597 de 1998, repartido Nº1036, abril de 1998
 13 Actas Comisión de Educación y Cultura del Senado, Carpeta N°1058 de junio de 1998
 14 Actas Comisión de Defensa Nacional (V), Repartido N°1253, Carpeta N°3178 de noviembre de 1998
 15 Presentadas en la sesión de la Comisión de Defensa de la Cámara de Representantes realizada el 28 de mayo de 1998 y presidida por el diputado herrerista Gustavo Penadés. Estuvieron, además, los señores representantes Brum Canet, Gonzalo Piana, Julio C. Vieytes y Luis A. Bolla. La delegación comunitaria invitada por la Comisión estuvo integrada por Mauricio de los Santos, Gustavo Gómez, José Imaz, Líber Silva y Federico Sorensen. (ver Acta Nº951, Carpeta Nº2597 de 1998)
 16 En el local de APU, conmemorando el Día Mundial de la Libertad de Prensa
 17 Aportes de AMARC-Uruguay al Comité de Trabajo sobre Radios Comunitarias creado por URSEC, anexo 1.3c
 18 En el despacho del Ministro de Defensa, Yamandú Fau
 19 Búsqueda, entrevista de Ernesto Tulbovitz, 2 de setiembre de 2004
 20 Propuesta de medidas de gobierno e iniciativas políticas, Unidad Temática de Medios de Comunicación, Comisión Integrada de Programa, mayo 2004
 21 Posible con la actual legislación, siempre que haya autorización del Poder Ejecutivo (decreto 734/78, art. 2°)
 22 La Resolución del Poder Ejecutivo Nº377/996 del 25 de abril de 1996 —publicada en el Diario Oficial el 10 de mayo de 1996— autoriza a los representantes de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) en Uruguay a utilizar un canal en Frecuencia Modulada durante 24 horas para trasmitir a toda la población los debates y charlas de un evento organizado, entre otros, por las propias radios.
 23 Reconocer el derecho negado a las radios comunitarias - Propuesta de medidas de gobierno e iniciativas políticas, UT de Medios del EP-FA, mayo 2004
 24 Reglamento de Administración y Control del Espectro Radioeléctrico, Art. 5° Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.  Decreto 114/003 del 25 de marzo de 2003

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Otras Noticias


ANEXOS

1.3a
El ejercicio de la libertad de expresión por medios de comunicación comunitarios, Relator de Libertad de Expresión de CIDH, OEA

1.3b
Propuesta de política sectorial hacia el sector social - comunitario de la Unidad Temática de Medios de Comunicación EP-FA

1.3c
Aportes de AMARC-Uruguay al Comité de Trabajo sobre Radios Comunitarias creado por URSEC

1.3d
Propuesta de bases legales presentado al Parlamento por las radios comunitarias

1.3e
Acceso de la Sociedad Civil a la gestión directa de medios de comunicación: ¿Por qué no?, Gustavo Gómez, FESUR

1.3f
Proyecto de ley para el Servicio de Radiodifusión Sonora, Nuevo Espacio

1.3g
Proyecto de ley para el Servicio de Radiodifusión Sonora de Baja Potencia y el Servicio Universitario de Radiodifusión Sonora, URSEC

1.3h
Legislación en radiodifusión comunitaria, Ecuador

1.3i
Legislación en radiodifusión comunitaria, Colombia

1.3j
Legislación de radiodifusión comunitaria, Venezuela

1.3k
Política de radios comunitarias, Canadá

1.3l
Carta de las radios comunitarias y ciudadanas, AMARC