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3. Diseño institucional y participación ciudadana
a)
Descripción
La
ausencia de políticas públicas de comunicación en Uruguay tiene un
correlato institucional en la inexistencia de un organismo claro y legítimo
responsable de estos asuntos. En la actualidad, quienes ejercen esta función
es el Presidente en acuerdo con el Ministro de Defensa1.
Mientras,
la participación ciudadana en su elaboración, definición e implementación
no ha sido adoptada nunca como una política de Estado.
El
esquema se complementa con la URSEC (Unidad Reguladora de Servicios de
Comunicación)2, un órgano
desconcentrado del Poder Ejecutivo de carácter regulador y con autonomía
técnica. Se le han delegado algunas funciones para la administración,
defensa y control del espectro radioeléctrico nacional, el asesoramiento
en materia de política de comunicaciones y el otorgamiento de
autorizaciones y licencias de servicios de telecomunicaciones, con excepción
de las de radio y TV abierta3,
entre otras. Sin embargo, el Poder Ejecutivo se reserva algunas funciones
básicas a la vez que se reserva el derecho de avocación, es decir, que
aunque “delega” funciones no entrega su “potestad” a decidir en la
forma que entienda conveniente4.
Si
bien la URSEC ya no depende del Ministerio de Defensa, importantes áreas
de decisión en materia de comunicación y radiodifusión aún deberían
ser consideradas y resueltas con participación del Ministerio: formulación,
instrumentación y aplicación de la política de comunicaciones,
autorizaciones para servicios de radio y TV, firma de convenios
internacionales en la materia y otras.
En
los hechos, y por ausencia de definiciones de políticas por parte del
Poder Ejecutivo, la URSEC ha ido ocupando ese espacio, pero no es
conveniente que así sea. Para que este diseño institucional sea válido,
el definidor de políticas, el regulador y los operadores deben tener
claramente separadas sus funciones5.
La
creación de la Unidad Reguladora está en el marco de un proceso de
desestatización, privatización y liberalización de las
telecomunicaciones que se ha impuesto en toda la región y que había sido
detenido en nuestro país por el plebiscito de 19926.
Estos procesos, han ido acompañados de la creación de organismos
reguladores.
No
obstante, la necesidad de regulación ha aumentado7:
|
Una
mayor “desregulación” o apertura del mercado ha obligado a
una mayor regulación estatal (para proteger la competencia, para
proteger a los usuarios, para evitar el uso de posición
dominante, etc.). O al menos debería hacerlo.
Uno
de los directores de la URSEC, el Dr. Camelo8,
ha explicado cómo ve su función de reguladores en un escenario
con apertura de mercado. “Cuando se va desregulando en ese
sentido, es decir, cuando se va abriendo a la competencia, es
cuando mas se hace necesaria la regulación”. Estas normas
regulatorias “se hacen imprescindibles, no solo para
establecer reglas claras para quienes ingresen al mercado
competitivo, sino para establecer normas que aseguren a los
consumidores contra las prácticas restrictivas que pueden tentar
a los operadores del mercado para obtener ventajas económicas
indeseadas, contrarias a los intereses de los consumidores y a la
propia subsistencia de otros operadores a los que se puede
intentar eliminar con prácticas anticompetitivas” 9.
También Grompone avanza en este sentido: “La idea de que el
mercado regula a las comunicaciones es mucho más discutible que
en otros campos. (...) La libre acción del mercado, en un área
sensible, de alto impacto económico, conduce a desastres y por
esta razón hay una fuerte entidad reguladora para torcer la acción
del mercado. Esto es una práctica corriente en USA” 10.
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Su
existencia ya era recomendada por la Unión Internacional de
Telecomunicaciones (UIT) y es común en otros países. En Uruguay, la
existencia de un ente regulador parece un espacio consolidado, pero no así
sus funciones, su integración y su forma de elección, las cuales serán
tema de debate tarde o temprano.
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Aunque
pocos se han interesado en seguir seriamente el desempeño de la
Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), para
algunos este organismo está “mal conformado y necesita
democratizarse”. Para otros, la experiencia de la URSEC ha
sido positiva, actuando en forma independiente de la empresa
estatal, pero también de los operadores privados, observando el
mercado y fomentando la libre competencia.
Se
cuestiona el otorgamiento de nuevas licencias a los “3
grandes” en TV para abonados y el cierre de algunas radios
comunitarias, pero otras decisiones le han generado no pocos
problemas con los empresarios agremiados en ANDEBU,
particularmente: la entrada de la TV digital, considerar a AMARC11
como interlocutor, su predisposición a legalizar las radios
comunitarias, las sucesivas multas a Equital y a los tres canales
cable de Montevideo, o el llamado a nuevo operador de TV cable en
la capital, entre otras.
En
cualquier caso, deberíamos reconocer que por primera vez hay un
organismo con un directorio plural que intenta ordenar y
modernizar el marco regulatorio en telecomunicaciones12.
A sugerencia suya, este gobierno ha tomado algunas buenas medidas
que un gobierno progresista también las debiera haber realizado:
transparentar y dar previsibilidad de los procedimientos, comenzar
a dar coherencia al marco normativo o permitir el acceso a la
información pública del organismo13.
En definitiva, nada más pero nada menos que medidas “serias”,
propias de un Estado moderno y democrático14. |
La
URSEC es independiente de ANTEL, pero no lo es plenamente del Poder
Ejecutivo, si se observa la designación de sus directores. Esta depende
en forma directa y exclusiva del presidente actuando en Consejo de
Ministros y se contradice con la intención de la ley al definir el plazo
de su mandato en seis años.
Esta
disposición está pensada para asegurar una política de Estado,
permitiendo que los directores estén al frente del órgano regulador más
allá del periodo de gobierno de un determinado partido15.
Sin embargo, como la ley vigente habilita su designación sin necesidad de
venia parlamentaria u obligación de previos acuerdos con otros partidos16,
de hecho depende de la voluntad y estrategia del gobierno al que le toque
designar sus integrantes y puede convertirse, de hecho, en un
condicionamiento ilegítimo al próximo gobierno a partir de una designación
legal pero arbitraria17.
Si
bien esto no asegura la idoneidad de sus directores ni la efectividad y
eficacia del organismo, el marco normativo actual permite un uso demasiado
arbitrario de esa potestad que podría utilizarse para que beneficie a
determinados operadores.
Aunque
la Unidad Reguladora ha sido solícita a prestar información y comparecer
ante el Parlamento, y su gestión es muchísimo más transparente que en
anteriores administraciones, son insuficientes los controles
institucionales a su gestión. A su existencia en una especie de
“limbo” normativo sin aprobación parlamentaria, sus integrantes sólo
pueden ser destituidos por el presidente actuando en Consejo de Ministros18
y su referente operativo no existe. Debería funcionar “en el ámbito
de la Comisión de Planeamiento y Presupuesto -literal O de las
Disposiciones Transitorias y Especiales de la Constitución-”
19,
cuya integración nunca se efectivizó.
En
este diseño institucional incompleto y desordenado, también participa el
Ministerio de Educación y Cultura. La administración de los medios públicos
y organismos e instrumentos relacionados con el estímulo a la producción
audiovisual y musical están dentro de este Ministerio20,
el que ha sido nombrado como uno de los posibles lugares de referencia
definitivos para las políticas de comunicaciones en general.
b)
Antecedentes
Desde
el punto de vista de los organismos estatales, ha habido pocos
antecedentes. Junto a la propia creación de la URSEC, el proyecto de ley
de los senadores del Frente Amplio de 1998 es quien ha puesto sobre la
mesa cambios significativos al actual diseño institucional21.
Se
propuso la creación de una Comisión Nacional de Medios Audiovisuales que
sustituiría las funciones que cumple el Poder Ejecutivo, entre ellas las
de adjudicar frecuencias radioeléctricas. Se crearía en el marco de la
Asamblea General y estaría conformada por representantes de cada uno de
los lemas con representación parlamentaria y
|
1
representante de los medios estatales
1
representante de los medios comerciales
1
representante de los medios comunitarios
1
representante de la Universidad de la República
1
representante de los sindicatos de los trabajadores de medios de
comunicación electo por la central de trabajadores más
representativa del país22. |
También
establecía que la ex DNC (Dirección Nacional de Comunicaciones) funcionaría
dentro del Ministerio de Educación y Cultura.
Algunos
sectores han venido planteando la eliminación de la URSEC. Este reclamo
es impulsado particularmente por el Sindicato de las Telecomunicaciones (SUTEL)
y fue tomado en las recomendaciones de la Unidad Temática de
Telecomunicaciones del EP-FA, donde este sindicato ha tenido fuerte
participación:
|
La
gestión cumplida por el ente regulador ha sido totalmente
contrapuesta a los intereses del País y su gente; y sólo ha
servido para promover el avance de las reformas de la más rancia
ortodoxia neoliberal, los servicios no se vieron mejorados, mucho
menos los usuarios. En materia de medios audiovisuales de
comunicación, ha sido notorio el aumento la discrecionalidad y
los excesos por parte de los propietarios de los mismos, los que
casualmente se encuentran fuertemente ligados a quienes ostentan
el poder económico.
(Por
tanto se propone como medida de gobierno inmediata) decretar la
suspensión de funciones de la URSEC hasta tanto se apruebe la
nueva estructura de los sectores de comunicaciones, y se
instrumente el nuevo marco legal para las telecomunicaciones, el
correo y los medios. Redistribuyendo o rescindiendo los contratos
al personal contratado, y volviendo a su unidad origen al personal
en comisión23. |
Desde
el punto de vista de la participación ciudadana en estos temas, no hay
experiencias significativas como política de Estado24.
En
forma reciente25, sin
embargo, se ha creado el Foro de Comunicación y Participación Ciudadana
con la decidida intención de democratizar las comunicaciones y habilitar
la participación de la Sociedad Civil en estos asuntos.
Se
trata de una articulación de organizaciones sociales e instituciones de
diverso origen que tiene como finalidad “abrir una instancia para el
intercambio de experiencias, de análisis, de debate, de propuestas y de
acción, como forma de ir consolidando un espacio que posibilite la
incidencia de la sociedad civil en la elaboración, definición y
seguimiento de políticas públicas en información y comunicación”
26.
|
El
“Foro de Comunicación y Participación Ciudadana”
aspira a tratar todos los temas vinculados a la comunicación y a
las tecnologías de la información y comunicación (radiodifusión
y políticas de Internet, medios de prensa, rol de los
comunicadores, acceso a la información, etc.), bajo los
principios rectores del ejercicio pleno de los derechos humanos.
Se
pretende democratizar las comunicaciones y reclamar la efectiva
vigencia del derecho a la libre información, el cual no depende
solamente de formulaciones jurídicas, sino de una justa
redistribución económica de los recursos que permita el
ejercicio de esa libertad, según una concepción integral,
interrelacionada e interdependiente de los derechos humanos
civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y de los
pueblos. Asimismo, se busca generar mecanismos de participación
democrática de la sociedad, para minimizar la «brecha digital»
entre quienes pueden acceder a las tecnologías de la información
y comunicación y quienes están marginados de las mismas, que son
la mayoría.
El
“Foro de Comunicación y Participación Ciudadana” se
constituye como un espacio abierto, plural y flexible, entendido
como una instancia de articulación, reflexión, elaboración
conjunta e incidencia en políticas públicas de comunicación,
integrado por organizaciones sociales, instituciones, medios de
comunicación y personas a título individual. Su integración se
basa en el mutuo respeto y complementariedad de sus miembros,
siendo única condición para su ingreso, la libre voluntad de los
interesados y la aceptación por los integrantes del espacio.
Cualquier integrante podrá abandonarlo en cualquier momento, por
sola decisión y sin expresión de causa. Se procurarán los
consensos y cuando no los haya, los acuerdos parciales no obligarán
a los restantes miembros a seguirlos, pero tampoco inhibirá su
desarrollo por parte de aquellos que están de acuerdo, sin
perjuicio de que en tal caso, no se invocará al Foro.
El
“Foro de Comunicación y Participación Ciudadana” no
tendrá estructuras rígidas sino que su funcionamiento se
implementará en reuniones de trabajo plenarias, sin perjuicio de
la coordinación que se defina adecuada para cumplir con los
objetivos trazados.
El
“Foro
de Comunicación y Participación Ciudadana” tendrá carácter
permanente, porque trasciende los temas o reivindicaciones
puntuales y aspira a tener continuidad en el tratamiento de los
distintos aspectos vinculados a la comunicación y participación
ciudadana27. |
Las
acciones que se prevén van desde la creación o apoyo a un Observatorio
de Medios de Comunicación y de las Políticas de Inclusión Digital hasta
la participación en la toma de posición de Uruguay frente a instancias
mundiales como la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información y la
Convención sobre Diversidad Cultural de la UNESCO.
El
Foro está integrado28
por:
|
Agrupación
Trabajadores de Tevé Ciudad (ATTC)
Asociación
de Bibliotecólogos del Uruguay (ABU)
Asociación
de la Prensa Uruguaya (APU)
Asociación
Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-Uruguay)
Asociación
de Productores y Realizadores de Cine y Video del Uruguay (ASOPROD)
BICE-AL
(Bureau International Catholique de L’Enfance-América Latina)
Comisión
Nacional de Seguimiento: Mujeres por Democracia, Equidad y
Ciudadanía
Consumidores
y Usuarios Asociados del Uruguay (CUA)
Cotidiano
Mujer
DODECA
Intendencia
Municipal de Montevideo
Instituto
de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (IELSUR)
Instituto
del Tercer Mundo (ITeM)
Instituto
de Solidaridad y Desarrollo (ISODE)
Licenciatura
en Ciencias de la Comunicación (UDELAR)
REDES
- Amigos de la Tierra
Servicio
Paz y Justicia (SERPAJ)
Sociedad
Amigos del Viento. Meteorología, Ambiente y Desarrollo
Sindicato
Único de Telecomunicaciones (SUTEL /PIT-CNT)
Tevé
Ciudad
UNICEF
Vecinet
– Autogestión vecinal |
c)
Propuestas
La
participación ciudadana debería ser una de las fuertes apuestas del
nuevo gobierno. Un planteo de “Democratización de las Comunicaciones”
como el realizado por el Dr. Tabaré Vázquez y su fuerza política, es
inviable sin una activa participación de los ciudadanos y ciudadanas.
Volviendo
a los organismos internacionales de Derechos Humanos, la Relatoría de la
Libertad de Expresión recomienda «promover políticas y prácticas
efectivas que permitan la expresión y el acceso a la información y la
participación igualitaria de todos los sectores de la sociedad para que
sus necesidades, opiniones e intereses sean contemplados en el diseño y
en la toma de decisiones sobre políticas públicas”
29.
La
ventaja que tiene el nuevo gobierno es que se encontrará con un actor
social que podría ser una de las contrapartes de este cambio de política:
el Foro de Comunicación y Participación Ciudadana.
Esta
política debería incluir la creación de mecanismos institucionales
permanentes. En esta línea hay propuestas de participación en decisiones30
como en ámbitos consultivos, tanto a nivel de las políticas generales
del Ministerio de referencia como en sectores específicos como el INA o
en las políticas de radios comunitarias31.
En especial, debería permitirse el control y seguimiento de la Sociedad
Civil organizada en los procesos de adjudicación y renovación de
frecuencias de radio y TV.
Asimismo,
debería apoyar y promover el fortalecimiento de las organizaciones de
ciudadanos/as, usuarios/as o consumidores/as que reclamen el ejercicio
pleno de su derecho a la información hacia los medios de comunicación
establecidos, compo parte de su libertad de expresión. El control social
de los medios es vital para nuestra democracia, en especial si lo hace la
propia ciudadanía y no el gobierno.
En
las conclusiones de la Unidad Temática de Medios de Comunicación del
EP-FA se propone:
|
Se
promoverá la creación de un Consejo Consultivo de Comunicación
que permita establecer un permanente diálogo entre los diversos
actores involucrados así como asesorar a la URSEC y permitirle
elaborar sus propuestas y resoluciones sobre la base de los
mayores consensos sociales posibles. En este Consejo deberán
estar representados los medios comerciales y comunitarios, los
trabajadores del sector y los productores independientes, las
asociaciones de publicistas y anunciantes, las instituciones
educativas, universidades y otras organizaciones de la sociedad
interesadas en el tema.
Se
promoverán acciones y programas de educación para la recepción
crítica y el uso creativo de los medios de comunicación. Estos
deben tener un lugar específico en los diversos niveles de enseñanza
e incorporarse transversalmente en diversas asignaturas y espacios
curriculares, en tanto los medios y sus mensajes resultan claves
actualmente en las maneras de ver y pensar el mundo. Se promoverán
también acciones en el campo de la educación no formal y en
espacios de los propios medios. Estos programas buscarán promover
una actitud crítica de los ciudadanos en tanto receptores, pero
también estimularán en ellos una actitud activa de acceso a y
uso de los medios de comunicación.
Se
promoverá la creación de diversos canales de participación
ciudadana para elaborar y hacer pesar su opinión sobre la calidad
de los medios y ejercitar sus derecho a la información y la
comunicación. Entre otros mecanismos posibles se promoverán:
*
La integración del ya referido Consejo Consultivo con
representantes de diversos sectores de la sociedad civil.
*
La investigación académica que actualice periódicamente diagnósticos
de los medios de comunicación, adecuadamente difundidos al
conjunto de la población.
*
La creación de veedurías independientes que emitan opinión
sobre la calidad de los medios
y sus mensajes.
*
La promoción de debates y consultas públicas sobre los medios y
la comunicación en el país32. |
Desde
el punto de vista estatal, además de crear un espacio para la participación
ciudadana se debería crear un organismo especializado en información y
comunicación a nivel del Poder Ejecutivo y revisar las características
de la URSEC33.
La
UT de Medios ha avanzado bastante en estos aspectos:
|
Se
debería crear un organismo de rango ministerial para la
elaboración y seguimiento de políticas en esta área, tanto en
sus aspectos de impacto tecnológico como cultural. Sería
el organismo de referencia para Antel, el Correo y el sistema público
de medios de comunicación, así como para la elaboración de políticas
para los diversos sectores de medios de comunicación (público-estatal,
privado-comercial y social-comunitario).
Se
plantean dos opciones: creación de un Ministerio de
Comunicaciones o reformulación del actual MEC como Ministerio de
Educación, Comunicación y Cultura. En tanto no se defina una u
otra opción –en el marco de una eventual reestructura
ministerial más amplia- se instalará un organismo con estas
funciones a nivel de la Presidencia de la República34,
con las mismas competencias y con la tarea de diseñar propuestas
para una estructura definitiva, con los correspondientes
requerimientos presupuestales.
Se
impulsará el fortalecimiento del organismo de regulación y
control (URSEC), revisando y ajustando sus competencias. Pasaría
a ser un organismo descentralizado no dependiente del poder
ejecutivo, con un directorio integrado con la venia del Senado.
Esto
no descarta otra ubicación posible en el marco de una
reestructura del conjunto de los ministerios, incluyendo la creación
de uno específico o un organismo estatal independiente del Poder
Ejecutivo, como existe en otros países latinoamericanos, Europa y
Canadá. Estas alternativas deberán estudiarse con cuidado para
evitar un incremento innecesario de gastos y burocracia.
Se
creará un Consejo Consultivo, integrado por
representantes de los medios, los trabajadores y productores
independientes, las instituciones educativas y otras
organizaciones de la sociedad interesadas en el tema. Se estudiará
su eventual fusión con el Comité Nacional para la Sociedad de la
Información o su articulación con el mismo. Este Consejo deberá
brindar al organismo ministerial ya mencionado orientaciones
generales para las distintas áreas de políticas, integrando a su
vez comisiones específicas como las ya detalladas en puntos
anteriores. |
d)
Recursos
Ver
anteriores capítulos y el punto 4 de recursos generales
............................................................
NOTAS
AL PIE
Reglamento de Funcionamiento de la URSEC, Art.15: “En materia de
servicios de telecomunicaciones en lo referente a los cometidos asignados
por la Ley Nº 17.296 de 21 de febrero de 2001 intervendrá el Poder
Ejecutivo actuando el Presidente de la República con el Ministro de
Defensa Nacional”
Creada por la Ley N°17.296 y ampliadas sus funciones con la Ley N°17.556,
Art. 89
Ley N° 17.296, Art. 86
Aún en contra de la URSEC. Podría ser un problema institucional,
pero está reconocido por ley esa limitante absoluta (aunque opcional) en
la independencia del órgano regulador. Un hecho reciente alertó sobre
esta posibilidad: cuando se consideraba la renovación o no de los
permisos (ahora licencias) para TV para abonados se manejó esta situación.
(Ley N° 17.296, Art. 70: “Créase como órgano desconcentrado del
Poder Ejecutivo, sin perjuicio de su facultad de avocación...”)
Un problema grave aparece en las telecomunicaciones propiamente
dichas: ANTEL siempre concentró las tres funciones (políticas, regulador
y operador). La ausencia del primer “actor” agrava el problema, aunque
existe el interés en la nueva administración de que el organismo de
referencia sea el Ministerio de Industria, Energía y Minería.
El penúltimo país en resistirse fue Costa Rica, quien finalmente
debió someterse a las enormes presiones de EEUU para aceptar también
este punto en las negociaciones de su tratado de libre comercio
“Políticas Públicas de Comunicación: El ausente
imprescindible”, Gustavo Gómez, FESUR, 2003
Ha publicado una interesante exposición sobre el tema (el texto
completo se encuentra en
http://www.ursec.gub.uy/Docs/Publicaciones/Camelo_1811.doc)
Según Miguel Brechner: “Históricamente el mercado de las
telecomunicaciones ha sido monopólico u oligopólico. En realidad como
decía el Ing. Blanchard, es un mercado en que todos los que venden
quieren ser monopolios y todos los que compran quieren múltiples
proveedores”, setiembre 2003.
Juan Grompone, “Aporte de las TICs al desarrollo del Uruguay
postcrisis”, julio de 2003
En Uruguay, las radios comunitarias asociadas a la Asociación Mundial
de Radios Comunitarias (AMARC)
Integrado por su presidente, Dr. Fernando Pérez Tabó (Foro Batllista,
Partido Colorado), y los directores Dr. Juan José Camelo (Herrerismo,
Partido Nacional) y Ec. Mario Bergara (independiente de izquierda)
Recientemente y a pedido del senador Alberto Couriel (EP-FA), la URSEC
ha entregado los nombres de todas las personas que tienen permisos de
radio, TV abierta y TV para abonados (incluso el nombre de las personas
que detentan acciones nominativas en sociedades anónimas permisionadas).
Hasta ahora esa información no era pública
Gómez, obra citada
En los casos de los directores Pérez Tabó y Camelo, hasta el 2007.
En el caso de Bergara, debido a su nombramiento como subsecretario de
Economía, el nuevo gobierno deberá designar un sustituto a partir del 1°
de marzo
Por esto y por tratarse de un organismo no previsto en la Constitución
su existencia es cuestionada por inconstitucional, según afirman algunos
sectores
Vale decir que en su primer integración, el Poder Ejecutivo tuvo
sentido común y nombró un Directorio plural e idóneo, pero otro
gobierno podría haber hecho otra cosa, y eso es lo riesgoso para un
organismo de tal importancia
“En los casos de ineptitud, omisión o delito en el
ejercicio del cargo o de la comisión de Actos que afecten su buen nombre
o el prestigio del Organo”, Ley citada, Art. 76
Ley N°17.296, Art. 74
Son los casos del Instituto Nacional del Audiovisual (INA), creado
para favorecer el desarrollo de la industria audiovisual, el Fondo
Nacional del Audiovisual (FONA) y el Fondo Nacional de la Música
Proyecto de Ley de Medios Audiovisuales de Telecomunicación, Carpeta
N°1058 de junio de 1998, Comisión de Educación y Cultura - Cámara de
Senadores. Firmado por toda la bancada de senadores: Marina Arismendi,
Alberto Cid, Alberto Couriel, Susana Dalmás, Reinaldo Gargano, José
Korzeniak, Helios Sarthou y Albérico Segovia
Idem, Art. 8
Documento de la UT de Comunicaciones del EP-FA, junio de 2004
La URSEC ha realizado consultas públicas en forma sistemática, pero
no hay mecanismos institucionales permanentes que garanticen su
participación
31 de agosto de 2004
Carta Constitutiva del Foro de Comunicación y Participación
Ciudadana
Idem
Enero 2005
Recomendaciones del Informe Anual de Derechos Humanos 2003
Como la citada Comisión Nacional de Medios Audiovisuales de los
senadores del FA
Ver propuestas en capítulo “Medios Comunitarios”
Hacia una Política Nacional de Medios de Comunicación, Unidad Temática
de Medios de Comunicación, Comisión Integrada de Programa, octubre 2003
Este esquema no descarta la creación de una Comisión Nacional de
Medios Audivosuales, pero sin dudas modifica los roles y funciones de cada
uno
Podría ser una Secretaría de Comunicaciones, muy diferente a SEPREDI
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